Hasta el 23 de enero se pueden presentar al Gobierno de Canarias las correspondientes alegaciones al nuevo Borrador del PORN del P.N. del Archipiélago Chinijo antes de su aprobación definitiva.
El presente PORN tiene por finalidad orientar la gestión de los recursos naturales del Archipiélago Chinijo y Famara a objetivos prioritarios de conservación y restauración de la valiosa biodiversidad y geodiversidad que albergan, procurando un aprovechamiento sostenible de dicho patrimonio natural, atendiendo a los fundamentos y finalidad de protección de todas las áreas protegidas presentes y coincidentes en este espacio, que hay que recordar que es el que más tiene de toda Canarias, y que están gestionadas por administraciones públicas diferentes (locales, autonómicas y estatales).
Esta orientación se materializa a través de determinaciones, directrices y criterios de gestión que deberían seguir todas estas administraciones públicas. Resultando un documento denso y con mucho contenido para opinar y presentar alegaciones. por parte de los diferentes actores sociales.
La más destacable la encontramos en las «Directrices para la gestión«, ya que aunque en su preámbulo recoja que “la gestión ha de estar al servicio de la sociedad” y más concretamente en la directrices 9 y 11 se hable de “Impulsar fórmulas de gestión que impliquen a las personas y entidades propietarias y usuarias del territorio en la conservación y el buen uso de los valores y los recursos naturales del ámbito del PORN” y de «Implicar a la población residente y del entorno del ámbito del PORN en la gestión de este espacio«, vuelve a sorprender que en esta nueva exposición pública en ningún apartado se mencione la creación de un órgano de gestión participado entre los diferentes actores sociales del espacio, limitándose a nombrar la necesidad de la creación de una “oficina de gestión” técnica.
Su importancia radica en que la preservación del espacio natural marítimo-terrestre más importante y con más figuras de protección de Canarias pasa por asegurar la participación real de los diferentes actores sociales en su gestión mediante la creación de un Órgano de Gestión participado que debería quedar reflejado en las Directrices para la gestión del PORN, concretamente de una” Junta Rectora” como así permite la “Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias” en su Artículo 190. Juntas rectoras de parques: Para colaborar en la gestión de los parques, los patronatos insulares podrán crear juntas rectoras. Las funciones de dichas juntas serán determinadas reglamentariamente”.
Además es crucial que desde el PORN se oriente y determine a las administraciones responsables de la gestión y elaboración de las normas del Parque Natural en la necesidad de la creación de la «Junta Rectora» ya que en el borrador de la actualización del PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) del 2017 no se recogía dicha necesidad y se volvía a dejar toda la responsabilidad de la gestión del espacio en una oficina técnica con nula participación de los diferentes actores sociales.
La necesidad de una gestión integral y participada entre las diferentes administraciones con competencias de gestión y de los diferentes actores del espacio no es nueva, y ya venía recogida en el PRUG vigente, desde el 2006, hasta su anulación en el 2017 por el Tribunal Supremo. El PRUG apostaba por un «Área de Gestión Integrada» que incluía un órgano gestor denominado «Consorcio de Gestión» en el que estarían representados todos los actores sociales del espacio. Desafortunadamente este Consorcio nunca se llegó a materializar debido a las reticencias de determinadas administraciones públicas a ceder sus competencias de gestión.
Esta mala experiencia en la constitución de un modelo bastante ambicioso de gestión no tiene que ser la excusa perfecta de las administraciones públicas para no desarrollar otro modelo de gestión participado como es el de las Juntas Rectoras.
La ventana del Archipiélago Chinijo 